Un movimiento con raíces democráticas
El Lenguaje claro (o Lenguaje Sencillo) es un movimiento emergente en América Latina que busca democratizar la comunicación jurídica y administrativa. Europa y Escandinavia han incorporado estas prácticas desde la década de 1960. En América Latina el movimiento es mucho más reciente y sigue en construcción. Cobró verdadero impulso a comienzos del siglo XXI, a través de reformas institucionales.
Su filosofía central es democrática. Si las leyes se entienden, la ciudadanía puede participar en la vida política y confiar más en sus instituciones. Más allá de la política, el movimiento busca ampliar el acceso a la cultura y reducir el analfabetismo, dos factores que alimentan el desarrollo económico.
Qué significa realmente «claro»
Es fácil confundir el lenguaje claro con «empobrecer» un texto, y los propios documentos del movimiento se esfuerzan por corregir esa idea. La definición más citada, de la Federación Internacional de Lenguaje Claro, sostiene que una comunicación está en lenguaje claro si su lengua, su estructura y su diseño son lo bastante claros para que el público al que va dirigida pueda entenderla. La prueba, por tanto, es la experiencia del lector y no las intenciones de quien escribe.
La guía parlamentaria refuerza esta idea. Según ParlAmericas, el lenguaje claro mantiene el mismo nivel de rigor jurídico, no sustituye la técnica de redacción y no subestima a las personas que usan el texto. También describe un doble beneficio para los parlamentos y sugiere combinar el lenguaje claro con el lenguaje inclusivo, de modo que los textos sean más fáciles de entender y más respetuosos con las personas a quienes se dirigen.
En la práctica, esto implica trabajar en tres niveles a la vez:
Las palabras: evitar la jerga innecesaria.
La estructura: organizar la información para que el lector encuentre lo que necesita.
El diseño: usar formatos adecuados al mensaje, como infografías para explicar proyectos de ley.
Países líderes e iniciativas concretas
La adopción es desigual entre los 19 países hispanohablantes, y algunos, como Ecuador, todavía no se han sumado al movimiento. Aun así, varios pioneros han construido marcos documentados.
Chile. Chile es reconocido como pionero, desde 2005, con el documento El lenguaje como instrumento democratizador. Desde entonces, su trabajo institucional se ha extendido a más de un poder del Estado.
- El Senado. En septiembre de 2025 el Senado lanzó su Guía de lenguaje claro para el ámbito legislativo, elaborada por su Redacción de Sesiones. El Secretario General explicó que el compromiso está incorporado al Plan Estratégico Institucional 2024-2028 y que el Senado se ha sumado a dos redes: la Red de Lenguaje Claro Chile y la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible. El director de la Real Academia Española envió una carta en la que valoró la guía como un recurso para fortalecer el derecho a comprender. El jefe de la Redacción de Sesiones planteó que el desafío es doble: incorporar el lenguaje claro en el quehacer cotidiano de la institución y en el ámbito legislativo propiamente tal. Saltar al contenido principal +3
- La estructura de la guía. La guía tiene un diseño práctico. Ofrece recomendaciones de escritura, una lista de verificación de lenguaje claro y una lista de cien términos que generan dudas en la redacción legislativa. También aborda la relación entre el lenguaje claro y la interpretación de las normas.
- El Poder Judicial. La Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial se describe como una instancia de trabajo creada en 2015 y ha participado en iniciativas como un concurso nacional de sentencias redactadas en un lenguaje sencillo y comprensible.
Argentina. Argentina implementó la iniciativa Ley Simple para ampliar la capacidad de la ciudadanía de acceder a las leyes y entenderlas. Los gobiernos subnacionales también se han movido.
Ciudad de Buenos Aires. Los tres poderes del gobierno de la ciudad firmaron en 2019 un convenio marco para crear la Red de Lenguaje Claro de la Ciudad. La ciudad también ha explorado la automatización, por ejemplo con un sistema de inteligencia artificial llamado «Prometea» para redactar contratos de locación de servicios y obra.
Chaco. En julio de 2026, el Superior Tribunal de Justicia aprobó una guía de cincuenta páginas para redactar documentos en lenguaje claro, que se aplicará en todo el poder judicial provincial. La guía incluye ejemplos de antes y después, como un oficio reescrito y un modelo de citación a audiencia. static.buenosaires.gob.ar +2
Uruguay. Uruguay desarrolló La ley en tu lenguaje como herramienta de pedagogía política.
México. México utilizó la Iniciativa Lenguaje Ciudadano para simplificar sentencias judiciales.
Colombia. Colombia sigue avanzando con su propia Red de Lenguaje Claro Colombia. Su guía para textos legislativos se ha convertido en una referencia regional: ParlAmericas elaboró sus recomendaciones parlamentarias a partir de la guía del Congreso de Colombia, junto con las recomendaciones de PLAIN y los manuales de Ecuador y Chile. Esto también muestra que Ecuador, mencionado arriba como país que aún no se ha sumado al movimiento, ha producido un manual propio.
Paraguay. La Ley de Lenguas se promulgó en 2010 y regula los derechos lingüísticos establecidos en la Constitución de 1992.
Las redes como columna vertebral del movimiento
Un patrón recorre estos casos: el progreso más duradero proviene de las redes y no de proyectos aislados.
El Senado de Chile pertenece a una red nacional y a una red panhispánica.
Buenos Aires construyó una red de toda la ciudad que reúne a los tres poderes.
Colombia trabaja a través de su propia red.
El lado editorial de Argentina se apoya en la Red de Lectura Fácil.
Las redes importan porque permiten a las instituciones compartir guías, formación y ejemplos, y porque hacen que el lenguaje claro dependa menos de una administración concreta. Esto es relevante en una región donde, como muestran las secciones siguientes, las iniciativas suelen estancarse cuando cambian los gobiernos.
La transición hacia la literatura y la cultura
Aunque el foco suele estar en la accesibilidad jurídica, el movimiento se está expandiendo hacia el sector editorial a través de iniciativas en Argentina y España. Incluyen obras originales, compilaciones de clásicos literarios y reescrituras completas de grandes obras. Muchas se basan en la Lectura Fácil, un enfoque relacionado pero distinto, dirigido a personas con dificultades de lectura.
- Clásicos adaptados: Asociaciones colaboran con editoriales para adaptar obras emblemáticas. La iniciativa española Plena Inclusión (financiada por el Gobierno de España y la Fundación ONCE) ofrece Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. En Argentina, la editorial Lengua Franca, parte de la Red de Lectura Fácil, ha publicado la Colección cinco libros en lectura fácil, que reúne obras de grandes autores con temáticas de intriga, viajes y romance.
- Obras originales: Un número creciente de libros originales se escriben para este formato, como Vidas de Mujeres Inspiradoras y Panambí y otros cuentos con historia, de Agustina Caride, que explora momentos reconocibles de la historia argentina. La Fundación Visibilia, en Argentina, también publica ficción, entre ella El fantasma de Canterville, de Oscar Wilde, y cuentos del escritor uruguayo Horacio Quiroga (Cuentos de la selva).
- Utilidad pública y acceso digital: Se hace mucho hincapié en los textos de «utilidad pública», como las leyes sobre violencia contra las mujeres. Bibliotecas digitales como Plena Inclusión ofrecen más de 900 publicaciones, entre guías y manuales, de descarga gratuita.
¿Por qué la literatura tiene cabida en una historia que empieza con la legislación? Porque ambas parten de la misma premisa: leer es una condición previa para participar. Quien puede seguir una novela en formato accesible y quien puede seguir una ley reciben lo mismo: la oportunidad de participar en igualdad de condiciones.
Desafíos y camino a seguir
A pesar de estos avances, la implementación sigue siendo desigual, y destacan tres desafíos.
- Inestabilidad política. El progreso suele ser vulnerable a los cambios de gobierno. En México, las iniciativas cayeron con frecuencia en el olvido tras un cambio de administración.
- Ausencia de un estándar regional. No existe una regulación uniforme entre los países latinoamericanos comparable a la de Europa, así que cada país, y a veces cada provincia o ciudad, elabora sus propias guías.
- Adopción desigual. Algunos países cuentan con ecosistemas ricos de guías, redes y formación, mientras que otros apenas han comenzado.
Hay señales de cómo podrían atenuarse estos obstáculos. Incorporar el lenguaje claro a los planes estratégicos, como ha hecho el Senado de Chile, dificulta abandonarlo tras un cambio de dirección. Las guías prácticas con ejemplos concretos de antes y después, como la de Chaco, reducen la barrera para el personal que debe aplicar el principio a diario. Y las redes panhispánicas ofrecen un camino hacia estándares compartidos sin necesidad de una única ley regional.
Conclusiones
El lenguaje claro en América Latina se entiende mejor como un proyecto democrático que usa la escritura como herramienta, y no como una moda estilística. De la evidencia expuesta se desprenden cinco conclusiones.
- Es una cuestión de derechos, no de estilo. La idea de un «derecho a comprender» vincula la escritura clara con el acceso a la información, la participación y la confianza en las instituciones.
- No debilita la precisión jurídica. La guía parlamentaria es explícita en que el lenguaje claro mantiene el rigor legal. Lo que cambia es cómo se organiza y se expresa el texto.
- El movimiento es institucional y multinivel. Opera a través de legislaturas, tribunales, ciudades y provincias, y no solo mediante los gobiernos nacionales.
- Las redes y las herramientas prácticas garantizan la durabilidad. Las guías, las listas de verificación, la formación y los ejemplos de antes y después convierten un principio en práctica rutinaria, y las redes ayudan a que sobreviva a los cambios políticos.
- La principal brecha es la coordinación. Sin un estándar regional, el progreso sigue siendo desigual. Los marcos compartidos, construidos mediante redes y cooperación y no impuestos desde arriba, son la vía más realista.
El lenguaje claro se está convirtiendo, por tanto, en un elemento permanente del contrato social de la región. El objetivo sigue siendo transformar documentos opacos en herramientas accesibles para toda la ciudadanía.
Bibliografía
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